El padre Francisco De Roux, director de la Comisión de la Verdad, presentó en la mañana de este jueves en la Universidad Militar Nueva Granada, a militares y policías, el informe final sobre el conflicto.

Allí cuestionó que se utilice el término de "prisioneros de guerra" para referirse a los miembros de la fuerza pública que fueron secuestrados.

Los principales responsables de estos secuestros, que el religioso calificó como un delito brutal, fueron las FARC y el ELN, aunque también fue un delito que cometieron otros actores armados. 

Frente a las críticas que ha recibido la Comisión de la Verdad, Roux manifestó que han estado atento a las víctimas de la fuerza pública.

"Son cerca de 7.000 desaparecidos militares que fueron secuestrados, no prisioneros de guerra. Ellos fueron raptados en la selva y nunca se volvió a saber de ellos”, explicó Roux.

Una crítica que recibió el padre Roux en su alocución, es que la fuerza pública se sentía representada por el comisionado Carlos Ospina, único militar que hacía parte del equipo de comisionados y que decidió renunciar al considerar que el informe final tenía un interés político. Además, él aseguró en su momento que su trabajo no era tenido en cuenta.

"A ustedes les preocupa lo del Mayor Ospina y a mí también me preocupa mucho. Carlos Guillermo nunca se sintió cómodo en la Comisión y tampoco era fácil para ese grupo incorporarlo. No conocemos suficientemente el mundo militar", les explicó de Roux.

Reiteró que ellos no buscan imponer una única verdad, pues este es un esfuerzo de construcción entre todos. La invitación del padre es conversar los hallazgos del informe sin prejuicios.

Incluso resaltó que en el texto se incluyeron cifras, datos, testimonios y otros aportes que fueron entregados por las fuerzas militares.

Una de las intervenciones fue la del mayor general (r) Gustavo Adolfo Ocampo, quien dijo: “La JEP ha determinado que hubo 6.402 falsos positivos y no hay excusa, es vergonzante y doloroso que algunos uniformados se olvidaron del honor militar, pero no por ello padre se debe calificar como política de Estado o acción sistemática, ni determinar que se debe cambiar una institución”.

Sin embargo, descalificó que desde algunos sectores consideren como “bandidos” a los miembros de la Fuerza Pública, y asegura que el informe minimiza el papel de algunos actores en el conflicto: “Hay una visión parcializada y tiene enfoque político y no académico”, aseguró el general.